Caso de Guillermo Cano no se mueve hace 6 años


7:32 p.m. | 1 de noviembre de 2016 / ElTiempo.com
Por el asesinato, declarado de lesa humanidad, han sido condenadas dos personas. Se cumplen 30 años.
Guillermo Cano Isaza recibió ocho disparos de sicarios del cartel de Medellín. Foto: Cortesía EL ESPECTADOR
Guillermo Cano Isaza recibió ocho disparos de sicarios del cartel de Medellín.
El magnicidio de Guillermo Cano Isaza, el director del diario El Espectador asesinado por la mafia en diciembre de 1986, va a completar tres décadas como ejemplo de la ineficiencia de la justicia colombiana.

Hace más de seis años, en julio del 2010, la Fiscalía de la época anunció que el caso había sido declarado de lesa humanidad, “al considerarse que se dio en el contexto de un ataque sistemático y deliberado en contra de un grupo de personas connotadas que se pronunciaban a favor de la extradición y denunciaban y cuestionaban” la violencia y el poder corruptor del cartel de Medellín.


Desde entonces no ha habido ningún avance oficial en la investigación para determinar la identidad plena de los autores materiales y, sobre todo, de los que desde el establecimiento apoyaron el plan criminal ordenado por el capo Pablo Escobar Gaviria. (Lea también: Valores de Guillermo Cano, vigentes 30 años después de su asesinato)

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A Guillermo Cano lo mataron el miércoles 17 de diciembre de 1986, y de inmediato todos los ojos miraron hacia la mafia de Medellín, a la que había denunciado de manera vertical desde las páginas del diario y desde su columna de opinión. El señalado sicario, Álvaro García Saldarriaga, fue asesinado en una vendetta del crimen en Palmira, Valle, y así se perdió un testigo clave en el crimen.

Su cómplice, identificado como Castor Emilio Montoya Peláez, fue condenado en 1996, pero nunca fue capturado. Él y Luis Carlos Molina Yepes, que era una especie de prestamista del cartel y pagó desde su cuenta la moto que usaron los sicarios, fueron los únicos sentenciados. Molina quedó libre en el 2004, tras pagar siete años de una condena de 16, y después de una fuga inexplicable de la sede del desaparecido DAS en Medellín.

Molina siempre ha sido considerado un eslabón clave en este y otros crímenes de la mafia. Amigo de la infancia de Pablo Escobar, tenía también entrada a sectores políticos de Medellín. Y su nombre apareció en la investigación no tanto por la labor de la justicia, como por las pesquisas de un periodista de El Espectador, Héctor Giraldo Galvis, también abogado y quien siguió la pista de la moto. Giraldo pagaría con su vida su compromiso con la justicia, al igual que los operadores judiciales que se atrevieron a ir en contra de Pablo Escobar, como el magistrado Carlos Valencia García y la juez sin rostro Miriam Rocío Pérez.


Aunque desde la década pasada en los planes de trabajo de la Fiscalía estaba escuchar como testigos o citar a nuevas personas, esto no se ha dado. “El expediente está lleno de nombres, hay un volumen de reproducciones facsimilares de cheques. Si hubiera voluntad clara de la Fiscalía, podrían surgir muchos nombres que podrían ayudar a aclarar el contexto y las redes que se movían en la época, porque el cartel no eran solo Pablo Escobar y sus sicarios”, dice uno de los allegados a la familia de Guillermo Cano.

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Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), asegura que el caso de Guillermo Cano “no escapa del panorama general de impunidad en casos de agresiones contra la prensa”.

“No ha habido esclarecimiento de los hechos. En el 2010 se declara el crimen de lesa humanidad, pero eso nunca se tradujo en intensificar los esfuerzos de investigación –dice Vaca– (…). Después de esta fecha no conocemos de ningún avance significativo, no se ha terminado de esclarecer el episodio en que fueron atacados representantes judiciales de la familia. Son temas que no están esclarecidos”.

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