De La Catedral a los narcocasetes

pabloViaje a la historia de los sometimientos a la justicia, ese camino alterno en Colombia para tratar de desmantelar el negocio del narcotráfico o las bandas criminales que lo han fortalecido.
Por: EL ESPECTADOR
De La Catedral a los narcocasetes
En agosto de 1990 hubo relevo en la Casa de Nariño y el nuevo presidente, César Gaviria Trujillo, tuvo claro que no podía descartar la fórmula del sometimiento a la justicia. Al fin y al cabo había heredado una guerra de los mafiosos y el clamor social era buscar la forma de parar los atentados terroristas. Un oscuro entorno que aprovechó Pablo Escobar para poner en marcha una estrategia que forzara al gobierno a negociar con él y sus socios: el múltiple secuestro de hijos de notables, que empezó con el plagio de un equipo de periodistas encabezado por Diana Turbay Quintero, hija del expresidente Julio César Turbay.


El 5 de septiembre de 1990, bajo el amparo del vigente Estado de Sitio, el gobierno de César Gaviria expidió el decreto 2047, que permitía a los jueces especializados y de orden público extender beneficios de rebajas de penas o ejecución condicional de las mismas a aquellos narcotraficantes que se entregaran a la justicia, confesaran sus ilícitos y entregaran sus armas. Además, la propuesta del Ejecutivo incluyó la no extradición a Estados Unidos y el enjuiciamiento en Colombia. Según sus promotores, instrumentos jurídicos de la misma índole habían demostrado su eficacia en Estados Unidos y en Italia.

El entonces ministro de Justicia, Jaime Giraldo Ángel, resumió así la intención del gobierno: “Queremos darle a la guerra que está viviendo el país un aire de juridicidad, para permitirle a los ciudadanos que quieran regresar al interior de la sociedad, poder hacerlo”. Sin embargo, para los narcotraficantes el decreto 2047 de 1990 resultó insuficiente. La prueba fue que Pablo Escobar siguió adelante con su plan criminal y secuestró al entonces jefe de redacción del periódico El Tiempo, Francisco Santos Calderón. Ese mismo día corrió igual suerte Marina Montoya, hermana del exsecretario general de la Presidencia, Germán Montoya.

En medio de la crisis, los expresidentes Alfonso López Michelsen y Misael Pastrana Borrero, apoyados por el cardenal Mario Revollo y el congresista de la UP, Diego Montaña Cuéllar, conocidos como Los Notables, propusieron oficiar como mediadores para la liberación de los secuestrados y ponerle fin a la guerra. Así que apareció de nuevo el abogado Guido Parra, con la fórmula a la mano de Los Extraditables, como se hacían llamar los capos del narcotráfico. Lo hizo para entregar una carta a Los Notables en la que los traficantes de droga exigían el mismo tratamiento jurídico que se daba habitualmente a los guerrilleros.


En otras palabras, el abogado Guido Parra le hizo saber al gobierno que debían ir pensando en un indulto para solucionar el dilema del narcotráfico. Como era de esperarse, el gobierno Gaviria no quiso ventilar públicamente sus opiniones sobre el tema y, en medio de su silencio, Pablo Escobar dio su siguiente paso: el 7 de noviembre secuestró a la entonces gerente de Focine, Maruja Pachón y a Beatriz Villamizar. La primera, cuñada del sacrificado líder político Luis Carlos Galán; y la segunda, hermana del representante a la Cámara, Alberto Villamizar, quien había sido blanco de un fallido atentado del narcotráfico en octubre de 1986.

Aunque en ese final de 1990, el gobierno trató de equilibrar cargas promoviendo la Asamblea Nacional Constituyente; concretando un ataque a Casaverde, santuario de las Farc en Uribe (Meta); o formalizando la creación de la justicia sin rostro, en el fondo su preocupación esencial era la política de sometimiento a la justicia planteada a los narcotraficantes. Entonces Pablo Escobar, hábil para moverse en las coyunturas políticas y de guerra, comenzó a liberar secuestrados a cuenta gotas. La réplica del gobierno llegó el 19 de diciembre de 1990, a través del decreto 3030, diseñado para atraer a la delincuencia organizada.

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El nuevo decreto de Estado de Sitio permitía la acumulación de penas en una sola sentencia y conservaba el atractivo de la no extradición. Fue en ese momento que los socios de Pablo Escobar, los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez determinaron que las condiciones eran propicias para su entrega a la justicia. Antes de 24 horas lo hizo Fabio Ochoa en el atrio de una iglesia en Caldas (Antioquia). El último en entregarse para cumplir exiguas penas por dos décadas de narcotráfico fue Jorge Luis Ochoa, quien lo hizo el 15 de enero de 1991. Junto a los hermanos Ochoa Vásquez, otros traficantes saldaron su vida delincuencial por este atajo.


Sin embargo, a Pablo Escobar el decreto 3030 de 1990 también le resultó insuficiente y persistió en su guerra. Por eso, el 24 de enero de 1991 ordenó el asesinato, a sangre fría, de su rehén Marina Montoya. Al día siguiente, en un fallido operativo de rescate de la Policía, murió en cautiverio la periodista Diana Turbay. En medio del dolor colectivo y el rechazo a Los Extraditables, el presidente César Gaviria anunció la expedición de un tercer decreto, el 303 de 1991, esta vez para eliminar nuevos requisitos para la rendición. Ante este nuevo reajuste del derecho penal para atraer mafiosos a la civilidad, Escobar reanudó sus liberaciones parciales.

El desenlace de esta secuencia es ampliamente conocido. El 19 de junio de 1991, el mismo día que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó en primera vuelta la prohibición de la extradición de colombianos, Pablo Escobar Gaviria se entregó a la justicia. Después de una guerra de siete años con miles de muertos, la mayoría ajenos a la confrontación, el capo de capos logró su cometido. Desde ese día comenzó el nefasto capítulo de la cárcel de La Catedral en zona rural de Envigado, que con el paso de los días Escobar y sus secuaces convirtieron en una guarida para seguir delinquiendo y de paso preparar la nueva fase de su guerra.

Al tiempo que el Estado había logrado apaciguar a Pablo Escobar llevándolo a una cárcel, pero sin las exigencias mínimas del sistema penitenciario o de la misma ley penal, el gobierno Gaviria siguió apostándole a la política de sometimiento a la justicia en otros escenarios paralelos. Por ejemplo, en el municipio de Valencia (Córdoba), tuvo lugar un extraño episodio. El jefe paramilitar Fidel Castaño, alias “Rambo”, apareció publicitando la entrega al entonces gobernador de Córdoba, Jorge Ramón Elías, de más de 100 fusiles y 20.000 hectáreas de tierra. Su propósito: ambientar una amañada reducción judicial de sus bandas armadas.

En el texto “Las Autodefensas y la paz”, publicado por Carlos Castaño casi una década después de este suceso, el jefe paramilitar puntualizó que cuando quedó clara la desmovilización del Epl en los territorios de su influencia, Fidel Castaño tomó la determinación de disolver el movimiento y entregar sus armas. Por eso promovió la entrega de fusiles y la parcelación de tierras, con el compromiso del gobierno de realizar inversiones en las regiones. Aunque esa desmovilización no duró ni tampoco llegó el Estado a llenar los vacíos institucionales en Urabá o Córdoba, lo sucedido sí tuvo influencia en la zona del Magdalena Medio.


En esa región, las autodefensas de Henry Pérez, que en la segunda mitad de los años 80 habían liderado en el país el movimiento armado contrainsurgente, libraban una sangrienta guerra interna por la notoria influencia del narcotráfico. Tras el asesinato del líder político de Puerto Boyacá, Pablo Emilio Guarín, y del propio Henry Pérez, hacia finales de 1991 se dio la extraña pero publicitada desmovilización de un número indeterminado de paramilitares, encabezados por el exoficial del Ejército, ‘Ariel Otero’. Un proceso que no tuvo efectos reales en la guerra, al punto que el propio ‘Otero’ fue asesinado en enero de 1992.

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De este simulacro de desmovilización no quedaron mayores registros documentales, como tampoco del escasamente investigado episodio del narcovideo, a través del cual un constituyente cercano al paramilitarismo y perteneciente a la lista de la ADM-19, apareció recibiendo dinero de supuestos emisarios del narcotráfico para que legislaran en su favor. En vez de que estos sucesos quedaran con una explicación judicial convincente, el gobierno de César Gaviria cerró su participación en estos asuntos con dos normas que dieron mucho de qué hablar en los siguientes años: la ley 81 de diciembre de 1993 y el Decreto Ley 356 de 1994.

El propósito de la Ley 81 de 1993 fue conservar la esencia de la política de sometimiento a la justicia, ya que los decretos de Estado de Sitio de 1990 y 1991 habían dejado de tener vigencia. Fue legitimar la vía de la sentencia anticipada con rebajas para quienes se entregaran a la justicia. En cuanto al Decreto Ley 356, permitió la creación de las llamadas Cooperativas de Seguridad Rural (Convivir), que se convirtieron en fachada paramilitar. Las normas que permitían a las Fuerzas Armadas compartir el monopolio de las armas con civiles habían sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en 1989. El nuevo decreto recobró buena parte de ese vínculo.


Sin embargo, el impacto de estos nuevos alfiles jurídicos para hacerle frente a los dilemas de la justicia y la seguridad, sólo se constató con el curso del tiempo. En ese momento, la prioridad era Pablo Escobar, prófugo de la justicia desde el 22 de julio de 1992, día en el que se evadió de la cárcel de La Catedral con todos sus lugartenientes a bordo. En medio de una nueva oleada narcoterrorista, el capo finalmente fue abatido el 2 de diciembre de 1993 en Medellín, sin que hoy se sepa, a ciencia cierta, quien lo dio de baja. La Policía siempre lo ha reivindicado. La familia del capo dice que se suicidó. Diego Murillo, alias ‘Don Berna’, sostiene que fueron Los Pepes, creados para acabar con Pablo Escobar.

Cualquiera sea la versión acertada, sin que el tema de Los Pepes ameritara una mínima investigación, tras la muerte de Escobar cambió la perspectiva del país y tanto las autoridades como la sociedad enfocaron su interés hacia otro frente de guerra y de corrupción: los capos del Cartel de Cali y del norte del Valle. Entonces, en la óptica de la opinión nacional empezó la trasformación del fiscal Gustavo De Greiff. En asunto de pocos meses, el alto funcionario pasó de ser el hombre del año al villano del año. Todo por cuenta de su interés por buscar que los narcotraficantes de Cali encontraran una senda jurídica para saldar sus cuentas penales.

Al tiempo que los emisarios de los narcotraficantes de Cali y del norte del Valle comenzaron a rondar a la Fiscalía General de la Nación para plantear un proceso de rendición y de entrega a la justicia, De Greiff, apoyado en la recién aprobada Ley 81 de 1993, dio vía libre a tales acercamientos. La crisis se desató cuando trascendió que el jefe del ente investigador había le entregado salvoconductos a tres narcotraficantes que argumentaron carecer de antecedentes judiciales. Entre ellos, dos capos: Helmer ‘Pacho’ Herrera y Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’. Cuando se supo de esta acción, el gobierno Gaviria pegó el grito en el cielo.

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Así quedó planteada la crisis. El fiscal De Greiff se atrincheró en las normas vigentes y no solo persistió en sus acercamientos con los narcotraficantes interesados en su rendición, sino que, en contravía con las disposiciones de la justicia norteamericana, aseguró también que Estados Unidos no tenía evidencias de que el sicario del cartel de Medellín, Dandenys Muñoz, alias ‘La Quica’, detenido en ese país, tuviera que ver con el atentado contra un avión de Avianca en noviembre de 1989. Esa fue la gota que rebosó la copa de la paciencia en Washington. Además agudizó el enfrentamiento público entre el fiscal De Greiff y el gobierno Gaviria.


Tras bambalinas, comenzaba a cocinarse otro episodio que con el tiempo habría de convertirse en una bomba política y judicial: el escándalo de los narcocasetes y el proceso 8.000. Por lo pronto, a sus peleas verbales con la fiscal de Estados Unidos, Janeth Reno, De Greiff sumó también su decisión de archivar la investigación por los narcocasetes, con el argumento de que habían sido editados y además eran fruto de interceptaciones telefónicas ilegales. Esos narcocasetes, divulgados por Andrés Pastrana, dejaban entrever el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial del dirigente liberal Ernesto Samper Pizano en 1994.

Además de este espinoso asunto en desarrollo, De Greiff se defendió argumentando que la expedición de salvoconductos en favor de algunos miembros del Cartel de Cali obedecía a que desde finales de 1993, abogados que se habían presentado a nombre de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela le habían ofrecido la rendición de los capos en el marco de la Ley 81 del 93 y otras reformas penales. Por eso había otorgado las certificaciones a ‘Pacho’ Herrera, a alias ‘Chupeta’ y a José Olmedo Ocampo, todos capos de la mafia de Cali. Esos acercamientos con el narcotráfico fueron repudiados por el gobierno y la justicia norteamericana.

“La reducción de los capos de Cali no se logra mediante llamamientos a la legalización de la cocaína ni a través de conversaciones clandestinas con los líderes de la droga”, declaró públicamente la fiscal de Estados Unidos Janeth Reno, mientras crecían las críticas contra el Fiscal colombiano. Semanas después, Estados Unidos suspendió su cooperación judicial con la Fiscalía, manifestando que había perdido su confianza en el señor Gustavo De Greiff. Incluso, el senador demócrata John Kerry, resaltó que las posiciones del jefe del ente investigador de los delitos en Colombia eran casi idénticas a las de los miembros del Cartel de Cali.

Por eso, cuando estalló el escándalo de los narcocasetes en junio de 1994, ya la suerte de De Greiff estaba echada. A pesar de que apenas llevaba dos años al frente de la Fiscalía General, el gobierno Gaviria decidió preguntarle a la Corte Suprema de Justicia si era viable que continuara al frente del organismo pese a haber cumplido 65 años, es decir, de haber llegado a la edad de retiro forzoso. El alto tribunal concluyó que el Fiscal debía abandonar su cargo. De esa manera se saldó la crisis y, días después, la misma Corte escogió como su reemplazo a Alfonso Valdivieso, funcionario que finalmente destapó el escándalo del proceso 8.000.




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