La guerra de los carteles

El cartel de Cali era una especie de cooperativa de 12 o más grupos de traficantes. Tenía una jerarquía de mando más firme que la del cartel de Medellín, métodos empresariales más modernos y había evitado enfrentarse violentamente con el Gobierno.

Por Manuel Salazar Salvo

A fines de los años 80, Colombia se convulsionaba en una lucha fratricida. Los carteles de Medellín y de Cali no se daban tregua, sembrando calles y caminos de explosiones y muertos. La policía, el Ejército y varias de las agencias de inteligencia de Estados Unidos redoblaban sus esfuerzos para frenar la violencia y detener el creciente tráfico de drogas hacia las principales capitales del mundo (ver Capítulo IV, “El debut de los colombianos”, LND del 15 de abril de 2007).

El 18 de agosto de 1989 fue asesinado el político liberal Luis Carlos Galán, el favorito para ser el próximo Presidente. En los días siguientes se realizaron cientos de allanamientos y se detuvo a diez mil personas, mientras Washington ofrecía enviar tropas, inquieto, además, por el poder de fuego de las guerrillas de izquierda y las bandas de ultraderecha, que empezaban a forjar alianzas con los narcos.

Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín, advirtió que morirían diez jueces por cada colombiano extraditado a Estados Unidos.

A fines de septiembre, el embajador norteamericano agregó leña al fuego al entregar una lista de 12 senadores y diputados vinculados al narcotráfico. El senador Juan Slo declaró: “Todo el que en Colombia haga política, directa o indirectamente está vinculado con el narcotráfico. Todos hemos recibido ayuda de los narcos y todos nos hemos sentado en los clubes al lado de ellos”.

El 6 de diciembre, un camión con una tonelada de dinamita explotó en Bogotá, junto al cuartel central de la policía secreta, el Departamento Administrativo de Seguridad. El atentado dejó 40 muertos, más de mil heridos, decenas de automóviles destruidos y un edificio de 12 pisos en ruinas.

Entre 1985 y 1990, en Medellín, una ciudad de 2,2 millones de habitantes, hubo más de 23 mil asesinatos. En 1990 se registraban 20 muertes diarias por armas de fuego, y sólo entre abril y agosto fueron asesinados más de mil jóvenes y 300 policías. El país entraba en una espiral sangrienta que nadie podía detener.

Escobar, en tanto, comenzaba a perder la batalla contra los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los capos del cartel de Cali, por el control de los mercados internacionales de la cocaína.

La organización caleña había logrado establecer acuerdos con las mafias italianas para abrir rutas de distribución a través de España, Portugal, los Países Bajos, Checoslovaquia y Polonia. La agencia de control de drogas norteamericana, la DEA, calculó que en 1990 ingresaron cerca de 180 toneladas de cocaína a Europa. Y si en 1984 se incautaron 900 kilos de cocaína en todos los países del Viejo Continente, en 1990 la cifra había subido a 17 toneladas.

Los análisis de Interpol explicaban el interés de los colombianos por ingresar a Europa: en 1990, un kilo de cocaína costaba entre 11 mil y 23 mil dólares en Estados Unidos, entre 27 mil y 35 mil en España, y entre 41 mil y 94 mil dólares en Alemania.

La DEA también sabía que los hermanos Rodríguez Orejuela tenían cerca de tres mil funcionarios en todo el mundo, muchos en calidad de “células dormidas”.

“Los miembros de una célula no saben lo que hacen los integrantes de otra. Para cada tarea hay designadas distintas personas. El cartel manda a alguien a un lugar del mundo y le encarga abrir un negocio legal. Esa persona se queda allí y espera su misión. Quizá su única labor sea la colaboración positiva. Hemos confiscado libros donde se explica cómo tienen que actuar los residentes. Deben alquilar una casa, levantarse por las mañanas, ir al trabajo, cortar el pasto los sábados, saludar a los vecinos, etc. Llevar una vida lo más normal posible, pero en algún momento su negocio servirá para contrabandear drogas o blanquear dinero. Operan como agentes de un servicio secreto, y a veces pertenecen a la organización durante cinco o diez años antes de entrar por primera vez en acción”, explicaba por ese tiempo un agente de la DEA a periodistas alemanes.

El cartel de Cali era una especie de cooperativa de 12 ó más grupos de traficantes. Tenía una jerarquía de mando más firme que la del cartel de Medellín, métodos empresariales más modernos y había evitado enfrentarse violentamente con el Gobierno.

En vez de los pequeños aviones y lanchas que utilizaban los traficantes de Medellín, los de Cali preferían vías más lentas pero más seguras, como los embarques marítimos de café, chocolates, madera y frutas. Las estructuras de distribución y venta estaban rigurosamente controladas para evitar la infiltración de informantes, y los posibles compradores tenían que ser aprobados personalmente, previo depósito de una cuantiosa fianza.

Álvaro Guzmán, un sociólogo de la Universidad del Valle de Cali que seguía de cerca las evoluciones del cartel, definía sus diferencias con el cartel de Medellín: “Uno es el capitalista salvaje representado por Pablo Escobar, que tiene su propio ejército y se cree dueño del país. El otro, el de Cali, es el gerente moderno, que trata de acomodarse con el poder político y que opera dentro del Estado igual como la Mafia en Estados Unidos”.

Una fuga y dos versiones

Al promediar 1991, el Presidente colombiano, César Gaviria (1990-1994), declara que la guerra se ganará o perderá en la justicia, y crea un sistema especial de “jueces sin rostro”, protegidos de amenazas y sobornos. También ofrece a los narcos rebajar sus penas y les garantiza que no serán extraditados. La condición es que se entreguen, confiesen sus crímenes y devuelvan las ganancias mal habidas.