La caida de un capo


La caída de un capo
Nacional
2 Dic 2013 – 9:36 PM
Marcela Osorio Granados

Hace 22 años, en un tejado del barrio Los Olivos de Medellín, fue abatido Pablo Escobar Gaviria. Su vida marcó la historia de Colombia, un país que por varios años se vio obligado a vestir de luto en medio de la cruenta guerra que el temible capo del narcotráfico le declaró al Estado.

En medio de la confusión que había dejado el intercambio de disparos se escuchó un grito: “Viva Colombia”. Eran cerca de las 3:00 p.m. del 2 de diciembre de 1993 y en el tejado de una casa del barrio Los Olivos, al occidente de Medellín, yacía muerto el gran capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria. Así terminó el capítulo nefasto de la historia de un país que por aquella época se había visto obligado a vestir de luto casi a diario.

Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía entonces 44 años y se había convertido en el objetivo no solo de las autoridades colombianas y estadounidenses sino también de un grupo ilegal – los Pepes- conformado por sus más acérrimos enemigos en el mundo del hampa.

Era el resultado de una carrera criminal que Escobar había comenzado desde temprana edad. Durante algunos años, en su juventud, trabajó junto con su primo Gustavo Gaviria, robando lápidas en cementerios para vender el material a recicladores y tiempo después se dedicó al negocio de los carros robados. Sin embargo, el gusto de Escobar Gaviria por el dinero fácil se despertó cuando trabajó para Alfredo Gómez López alias El Padrino, un reconocido contrabandista que amasaba una considerable fortuna ganada a través del negocio de contrabando de cigarrillos, electrodomésticos, telas, porcelanas y whisky desde la Costa Atlántica. A él le sirvió de guardaespaldas antes de ser ascendido a mosca, el hombre encargado de guiar los camiones de contrabando y de dar aviso ante la presencia de retenes de la Policía en las carreteras. Fue por esa época, y gracias a sus andanzas por los barrios del mundo del hampa, cuando conoció a Griselda Blanco, quien para entonces ya se había ganado a pulso el título de la ‘Reina de la Coca’. Sería ella quien, poco después, le enseñaría a Pablo Escobar todo lo necesario sobre el negocio del tráfico de drogas.

Aunque había logrado posicionarse dentro de la organización de El Padrino, para Escobar Gaviria parecía no ser suficiente. Fue entonces cuando decidió abandonar el negocio del contrabando para incursionar en uno que por la época estaba despegando en Colombia: el de la coca.

Apoyado por su primo Gustavo Gaviria, Pablo Escobar comenzó a buscar contactos que tuvieran conocimiento del negocio y que le ayudaran a comercializar la droga en el exterior. Escobar ingenió toda una industria de producción que iba desde la compra de base de coca en Ecuador, pasando por su procesamiento en Medellín hasta la venta del producto final a exportadores. Fueron los primeros pasos para conformar la estructura ilegal que con el paso del tiempo se convertiría en el temido Cartel de Medellín: una sociedad criminal conformada por grandes capos del narcotráfico como Carlos Lehder, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa Vásquez.

El Cartel de Medellín fue cobrando fuerza con los años y el nombre de Pablo Escobar se empezó a escuchar con frecuencia en los círculos sociales y políticos de Medellín. Se decía que era un hombre de gran fortuna –ganada supuestamente gracias a su labor de comerciante- que se dedicaba a ejecutar labores sociales en los barrios menos favorecidos de la capital antioqueña. Era todo un ‘Robin Hood paisa’ como lo definió entonces la revista Semana en un artículo publicado en abril de 1983, en el que hacía referencia a las obras cívicas que adelantaba Escobar en zonas marginales de la ciudad financiando la construcción de urbanizaciones, canchas de fútbol y sistemas de iluminación pública.

Y fue precisamente esa labor social el motor de su campaña política, aquella que emprendió en 1982 con el objetivo de ocupar una curul en el Congreso de la República a través de un discurso social reflejado en sus proyectos comunitarios. Comenzó como suplente del movimiento de Renovación Liberal del político antioqueño Jairo Ortega, partido que en sus inicios estuvo vinculado al Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán. De la mano de Ortega, Pablo Escobar logró un escaño en la Cámara de Representantes aún después de que fuera expulsado del Nuevo Liberalismo durante un acto público realizado por Galán en Medellín.

La decisión de Galán marcaría el inicio de una guerra personal que Escobar emprendería no solo contra el líder del Nuevo Liberalismo sino también contra sus más cercanos colaboradores como el entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien había declarado públicamente una dura ofensiva para combatir el narcotráfico y evitar que sus tentáculos se expandieran en la sociedad.

Una empresa a la que también se sumó, desde su labor periodística, el director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza. Fue quien, después de una búsqueda cuidadosa, encontró en las mismas páginas del periódico la prueba de los vínculos de Pablo Escobar con el tráfico de drogas: en junio de 1976 el diario había publicado una noticia que daba cuenta de la captura de Escobar, en Itagüí, cuando intentaba sobornar a dos agentes del DAS para evitar que un cargamento de droga fuera incautado. También se conoció que los dos agentes que lograron la captura del capo fueron asesinados y la jueza que llevaba el caso había sido amenazada.

Escobar quedó expuesto y aunque intentó a toda costa desacreditar al ministro Lara y evitar que El Espectador circulara en Antioquia, su nombre ya estaba asociado con el narcotráfico. Fue entonces cuando el juez Gustavo Zuluaga reabrió el proceso por el asesinato de los agentes del DAS y firmó una resolución de acusación contra Escobar que llevó a que el 20 de octubre de 1983, con el impulso de Rodrigo Lara, la Cámara de Representantes le levantara la inmunidad parlamentaria al capo. Escobar tuvo que dar un paso al costado y renunciar a su cargo.

Fue el primer gran fracaso de Escobar. A eso se sumó, además, el duro golpe que recibió su estructura criminal tan solo cinco meses después, cuando las autoridades desmantelaron Tranquilandia, uno de los principales complejos cocaleros del Cartel de Medellín. La dura lucha que Rodrigo Lara libraba contra el narcotráfico estaba dando frutos, sin embargo, sería esta su sentencia de muerte.

El 30 de abril de 1984, el ministro de Justicia fue asesinado por sicarios al servicio de Escobar que lo interceptaron mientras manejaba su automóvil por una concurrida avenida de Bogotá.

A la muerte de Rodrigo Lara Bonilla se fueron sumando, con el paso de los años, la de decenas de funcionarios judiciales que fueron acallados mientras adelantaban procesos que enlodaban a Pablo Escobar y de miembros de la Fuerza Pública que realizaban operativos contra la estructura criminal del narcotráfico. Acribillados por las balas del narcotráfico cayeron Tulio Manuel Castro Gil, investigador del crimen de Lara; el magistrado Hernando Baquero Borda; el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Gustavo Zuluaga Serna, el exministro de justicia de la administración Betancur, Enrique Parejo González; el procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos; la jueza tercera de Orden Público, Maria Helena Díaz Pérez; el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Ernesto Valencia García; el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Héctor Jiménez Rodríguez; la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Mariela Espinosa Arango y el exministro de justicia Enrique Low Murtra; el exdirector de la Policía Antinarcóticos, coronel Jaime Ramírez Gómez y el comandante de la policía de Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero, entre muchos otros.

Desde la clandestinidad, en la que tuvo que refugiarse tras el asesinato de Lara Bonilla, Pablo Escobar siguió arremetiendo contra sus detractores. El brazo armado del Cartel de Medellín terminó alcanzando también a la prensa. En una racha sangrienta fueron asesinados el director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza; el abogado y periodista del mismo diario, Héctor Giraldo Gálvez; el periodista Roberto Camacho Prada, los gerentes administrativo y de circulación de El Espectador en Medellín, Martha Luz López y Miguel Soler y el director del noticiero de televisión, Mundo Visión, Jorge Enrique Pulido.

Fueron años nefastos para Colombia. El país no se recuperaba de la noticia de un asesinato cuando los noticieros nacionales reportaban otros tantos. Pablo Escobar pasó a ser una de las personas más buscadas por las autoridades pues, aunque no existían pruebas que lo vincularan directamente con los crímenes, era de conocimiento público que la mano del Cartel de Medellín estaba detrás de todos ellos.

Al ver reducidas sus posibilidades de moverse en el escenario público y sentirse obligado a permanecer en el anonimato, Escobar comenzó a cambiar sus objetivos y se convirtió en un abanderado de la lucha para tumbar la extradición de nacionales a Estados Unidos. Esta idea se convertiría en la motivación de la guerra a muerte que le declararía al Estado en los años venideros.

Porque si los colombianos creían que la situación de orden público no podía empeorar, el capo les demostraría que tenía más de un as bajo la manga y que no se detendría hasta lograr sus objetivos.

En ese contexto llegaron los años más duros de la confrontación del Estado contra Escobar. El viernes 18 de agosto de 1989, segundos después de subir a una tarima situada en la plaza central del municipio de Soacha (Cundinamarca), fue asesinado el entonces precandidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento. Con más del 60% de favorabilidad en las encuestas, estaba a nueve meses de convertirse en el sucesor de Virgilio Barco en la Casa de Nariño. Sin embargo, el narcotráfico frustró su ascenso al poder causando de paso un dolor colectivo a Colombia.

En adelante, las tragedias parecieron reproducirse y tan solo quince días después del magnicidio de Galán, la mafia atacó de nuevo. A las 6:43 minutos de la mañana del sábado 2 de septiembre de 1989, un camión cargado con 60 kilos de dinamita, explotó junto a la sede del periódico El Espectador. Sus directivos y periodistas sabían que tarde o temprano iba a llegar ese ataque. Por fortuna la detonación no causó víctimas mortales pero si 73 personas heridas y serios destrozos en varias edificaciones a la redonda.

El país se sumió en el miedo y aún con el dolor latente por los atentados recientes otra tragedia lo sacudió. El 27 de noviembre un avión Boeing 727 de la empresa Avianca explotó en el aire en inmediaciones del municipio de Soacha (Cundinamarca). En los primeros minutos se creyó que se trataba de un accidente aéreo, pero con el curso de las horas y la comprobación técnica días después, se concretó la verdad. Una vez más, el narcoterrorismo del Cartel de Medellín había perpetrado un atentado que dejó 107 personas muertas.

Al atentado al avión de Avianca sobrevino un ataque directo de la mafia contra el general Miguel Maza Márquez, director del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Ocurrió a las 7:33 de la mañana del miércoles 6 de diciembre de 1989, cuando un bus cargado con al menos 500 kilos de dinamita explotó junto al costado oriental de la sede del DAS en Bogotá situada en el sector de Paloquemao, causando la muerte de 60 personas y dejando a 600 más heridas.

El año de 1989 se convirtió en uno de los más sangrientos de la historia reciente colombiana. Y el que le siguió también estuvo marcado por una indiscriminada ola de violencia: carrobombas en las principales ciudades del país, asesinatos de policías en la capital antioqueña y magnicidios de líderes políticos.

La situación se tornó tan difícil que la campaña presidencial de 1990, se desarrolló en medio de una crisis sin precedentes. Al asesinato de Luis Carlos Galán, se sumaron el del candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa y el del candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19, Carlos Pizarro Leongómez, ambos cometidos con tan solo un mes de diferencia.

Los socios y sicarios de Pablo Escobar dejaron un largo rastro de dolor y sangre. No solo acabaron con una generación de líderes ilustres, sino que le arrebataron la vida a centenares de ciudadanos inocentes que tuvieron el infortunio de estar en el lugar donde detonó alguno de los carros bomba.

A la presidencia de la República llegó entonces el exministro y excongresista liberal Cesar Gaviria Trujillo. La noticia de su elección no sorprendió mucho pues era una victoria cantada. Lo que sí se convirtió en el asunto crucial de la transición entre gobiernos fue la alta votación alcanzada por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta de 1886.

Al gobierno Gaviria no le quedaba otro camino que sostener la guerra. Semanas atrás, los hombres del Cuerpo Élite de la Policía que perseguían a Pablo Escobar habían logrado dar de baja al jefe militar del Cartel de Medellín, Jhon Jairo Arias Tascón, alias ‘Pinina’. Poco tiempo después, al cuarto día de gobierno de Cesar Gaviria, la Policía propinó otro duro golpe a la estructura de Escobar al abatir, durante un operativo en el barrio La Alameda, Medellín, al segundo hombre de la organización criminal, además primo y socio del capo: Gustavo Gaviria Rivero.

La idea de Escobar Gaviria fue entonces regresar a la ofensiva de secuestros masivos, esta vez de hijos o familiares de personas influyentes de la sociedad y la política, siempre con el objetivo de frenar la extradición de colombianos a Estados Unidos. Claro está que en ese momento ya en los estrados judiciales cobraba forma la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, razón por la cual la organización de Los Extraditables también empezó a idear la forma de influir en este escenario con el mismo objetivo: la no extradición.

Fue así como el viernes 30 de agosto fue secuestrado un grupo de periodistas del noticiero de televisión Criptón y de la revista Hoy x hoy, encabezado por su directora Diana Turbay Quintero, quien murió durante una confusa operación de rescate. Junto a la hija del expresidente Julio Cesar Turbay, estaban los periodistas Azucena Liévano, Juan Vitta, Hero Buss y los camarógrafos Richard Becerra y Orlando Acevedo.

Veinte días después, en una vía poco concurrida del popular barrio Las Ferias de Bogotá, fue secuestrado Francisco Santos Calderón, jefe de redacción del periódico El Tiempo e hijo del director del influyente diario, Hernando Santos Castillo. Ese mismo día, en el sector de El Lago, tres individuos irrumpieron en el restaurante “Donde las Tías”, y se llevaron a Marina Montoya de Pérez, hermana del exsecretario general de la Presidencia de la República, Germán Montoya Vélez.

Meses después, el 7 de noviembre, sicarios del Cartel de Medellín secuestraron a la entonces gerente de la Compañía de Fomento Cinematográfico (Focine), Maruja Pachón de Villamizar, esposa del representante a la Cámara Alberto Villamizar, quien había sido blanco de un atentado en octubre de 1986, y cuñada del inmolado líder liberal Luis Carlos Galán. Junto a Maruja Pachón fue secuestrada también su cuñada y hermana del congresista Villamizar, Beatriz de Guerrero.

La opinión pública conoció entonces un comunicado en el que un grupo autodenominado ‘Los Extraditables’ se atribuía la ola de secuestros. Bajo el lema ‘Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos’, la organización se convirtió en protagonista en la lucha contra la extradición de nacionales.

Con los secuestros Escobar Gaviria le hizo saber al Gobierno que no le interesaba la Política de Sometimiento a la Justicia, propuesta por el gobierno Gaviria, que a través del Decreto 2047, permitía a los jueces de orden público la concesión de rebajas de pena y la garantía de no extradición, a cambio de que los narcotraficantes se entregaran a la justicia, confesaran sus acciones ilegales, entregaran sus armas y bienes ilícitos y colaboraran al Estado en el desmantelamiento del narcotráfico. Ahora sólo era esperar que el Gobierno Gaviria siguiera cediendo en su política y que la Asamblea Nacional Constituyente en vías de integración, concretara el objetivo de su guerra narcoterrorista: la no extradición de colombianos a Estados Unidos.

Y así fue. El Gobierno expidió varios decretos que terminaron por acomodarse a las exigencias de Pablo Escobar y los secuestrados fueron liberados a cuenta gotas. Pero el hecho que definió la entrega del capo fue la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de prohibir por completo la extradición de nacionales. Ese mismo día, el 19 de junio de 1991, Pablo Emilio Escobar se entregó a la justicia colombiana.

Acompañado de varios de sus secuaces, el jefe del Cartel de Medellín fue recluido en la cárcel de La Catedral, ubicada en el municipio de Envigado. Un lugar que, como se conocería tiempo después, había sido construido por el mismo Escobar con las comodidades y lujos propias de una casa de recreo. También se revelaría que la guardia que cuidaba del capo y sus sicarios, estaba a su servicio.

Con Escobar Gaviria preso el país tuvo un respiro. Parecía entonces que ya había pasado la tormenta y los tiempos venideros serían mejores. Sin embargo, los planes de Escobar eran diferentes. Desde la cárcel siguió dedicado a sus actividades delictivas con el beneficio de no tener que preocuparse porque las autoridades lo estuvieran persiguiendo. Desde la comodidad de su celda de lujo Escobar reorganizó su estructura criminal y comenzó a cobrar a los otros narcos una suerte de impuesto de guerra que se basaba en la idea de que él se había sacrificado entregándose a las autoridades para que los demás socios en el negocio pudieran trabajar tranquilamente.

Lo cierto es que la dicha para el Gobierno duró poco. Comenzaron a circular rumores sobre las andanzas de Escobar e incluso se conoció que en la misma Catedral los sicarios del capo habían asesinado a Kiko Moncada y Fernando Galeano, dos narcos de la organización que habían ido a rendirle cuentas al patrón. Murieron acusados de alta traición al cartel. Su muerte marcaría el comienzo del fin de la era Pablo Escobar.

Las noticias de lo sucedido en La Catedral llevaron al Gobierno a tomar la decisión de intervenir el penal para trasladar al capo a otro centro de reclusión. Al conocer los planes del Gobierno, Escobar decide fugarse y el 21 de julio de 1992, en medio del operativo de retoma de la cárcel por parte de la Fuerza Pública, el capo huye de La Catedral acompañado de sus hombres en un confuso hecho que fue noticia mundial.

Desde ese día Pablo Escobar comenzó a estar cada vez más arrinconado. La Policía, que había creado un Cuerpo Élite dedicado específicamente a capturar al narco, le seguía los pasos. A eso se sumaba la persecución que le habían montado sus más acérrimos enemigos que terminaron por asociarse en un grupo denominado Los Pepes. Desde la clandestinidad intentó reconstruir su estructura criminal, pero había perdido seguidores y poder. En una suerte de sinsalida y preocupado por los constantes ataques de Los Pepes contra su familia, en 1993 Escobar ofreció entregarse de nuevo a la justicia a cambio de que su esposa y sus dos hijos fueran recibidos en otro país. Sin embargo, cuando todo estaba resuelto para que su familia recibiera asilo en Alemania, las autoridades de ese país se negaron a recibirlos.

Su esposa e hijos tuvieron que regresar a Colombia y, como parte de una estrategia para dar con el paradero de Escobar, el Gobierno los hospedó en las residencias Tequendama de Bogotá, bajo la protección de la Policía. El objetivo era tenderle una trampa al capo y esperar a que la preocupación por la suerte de su familia lo venciera y decidiera contactarlos. Armados con los instrumentos más avanzados para interceptar comunicaciones, la Policía comenzó el seguimiento a Escobar, quien, como se esperaba, hizo varias llamadas que le permitieron al Cuerpo Élite, ubicado en Medellín, conocer la zona de la ciudad en la que estaba escondido.

Escobar tenía entonces muy limitadas sus posibilidades de comunicarse, las autoridades habían dado de baja a sus más importantes lugartenientes y los pocos que seguían vivos habían decidido entregarse. El capo estaba solo. Así lo sorprendió la muerte ese 2 de diciembre de 1993, acompañado apenas por un guardaespaldas –El Limón- en una casa modesta de Medellín.
La persecución duró 499 días. Pablo Escobar llamó a su hijo Juan Pablo y habló con él más tiempo del debido. Los élite lograron dar con su ubicación exacta y el operativo comenzó. De repente la casa fue rodeada de agentes. Un explosivo derribó la puerta y los uniformados entraron en busca del capo que se encontraba en el segundo piso de la vivienda. Escobar salió por la ventana, disparó unas cuantas veces a los policías que estaban afuera de la casa. El Limón, que iba delante de él, cayó muerto. Se escucharon varios disparos más y segundos después se vio el cuerpo de Escobar derrumbarse sobre el tejado. Pocos minutos después llegan al sitio funcionarios de la Fiscalía y la Procuraduría, practican las comprobaciones necesarias y confirman la noticia: Pablo Escobar estaba muerto.

Fue el final de un ciclo de violencia sin precedentes en la historia reciente del país. Unos cuantos creyeron que con la muerte de Escobar se acabaría el negocio del narcotráfico que tantas muertes había ocasionado por aquellos años. Hoy, 20 años después, la realidad nos dice otra cosa. El narcotráfico ha crecido y los grandes capos, menos visibles, siguen controlando el lucrativo negocio.