Tomado del libro Los Jinetes de la Cocaina de Fabio Castillo – Bogotá, Noviembre 18 de 1987
Pablo Emilio Escobar Gaviria. quien para entonces era un «gatillerro», como denominan a los sicarios de la mafia, dio muestras de ser implacable en la lucha por el poder.
La vida de Pablo Escobar, anterior a su ingreso a los círculos de la mafia, había estado vinculada con los bajos fondos delincuenciales antioqueños.
Escobar (quien ha usado alternativamente como sus nombres, los de Pablo Carrilla, Emilio Gaviria y Pablitlo). inicio su autobiografía en una indagatoria: «Mi nombre completo es Pablo E. Escobar G., natural de Rionegro, Ant. Hijo de Abel y Herminda. de 26 años de edad (en 1976), estado civil casado, de profesión negociante, residente y cedulado en Envigado) actualmente comerciante en el ramo de comisiones en venta de vehículos particulares; siempre he trabajado independientemente en el ramo de las comisiones de negocios y me he dedicado a la ganadería y agricultura en general, en una finca de mi papá en Rionegro. Pueden testificar de mi conducta Humberto Vargas, quien trabaja en la Gobernación, y Federico Montoya. Poseo un capital de $180.000 a $200.000, representados en vehículos, unas 10 vacas y sembrados agrícolas. Yo vendía en Turbo artículos de marmolería y lápidas.
Mis ingresos son más o menos $8.000 mensuales».
Su historia en los anales judiciales es distinta. Se remonta a los primeros anos de la década de los 70s, su despegue como narcotraficante. Entonces participó en el secuestro de un conocido industrial. Diego Echavarría Misas. Con este secuestro Escobar ganó dos millones de pesos, pero perdió a uno de sus familiares, en un enfrentamiento con el grupo CAES, creado por el gobierno para frenar la ola de secuestros que se registraba ya en ese momento con características de industria.
Parte del producto del secuestro. Escobar lo invirtió en pequeñas compras de cocaína.
En una investigación de la Aduana sobre el contrabando en 1975, ya figuraba su nombre: » 9. Escobar Gaviria, Pablo Emilio. Narcotraficante».
Pero no había dejado su primera actividad: la de «jalador» de carros.
Sus vecinos de barrio en Envigado, lo recuerdan por ser muy organizado, poco despilfarrador y casi nada ostentoso, cualidades de las que carecían sus socios.
El primer problema con la justicia lo tuvo Pablo Escobar el 5 de septiembre de 1974, a raíz de la denuncia formulada por el abogado Guillermo García Salazar, a quien le robaron un vehículo Renault 4, modelo 73, de placas LK8028.
La historia corresponde a un acto de absoluta torpeza para cualquier delincuente: el 9 de septiembre del 74, León Javier Duque Giraldo dejó frente a la residencia de unos amigos su carro Renault 12 color naranja, de placas LX0273. Conscientes de que ese tipo de automóvil es preferido de los jaladores por la facilidad como puede ser cambiada la placa de identificación del motor, tenían una estrecha vigilancia desde la ventana del segundo piso de la residencia donde se encontraban departiendo.
Como un Renault 4 rojo, de placas LW8344, en cuyo vidrio posterior se leía en una calcomanía «soy federalista y que» pasara en repetidas ocasiones frente a su carro, suspicaces y desconfiados como han sido siempre los paisas, decidieron anotar el número de sus placas.
Cuando el R4 rojo volvió a pasar, uno de los ocupantes se bajó y, sin el menor problema, abrió la puerta del R12, lo prendió casi de inmediato y los dos vehículos partieron a toda velocidad.
Duque Giraldo formuló la denuncia, advirtiendo sobre la presencia del R4 rojo, con el número de las placas. A los dos días, este carro fue interceptado por una patrulla de la policía. Lo conducía Pablo Escobar Gaviria, quien alegó que se lo había prestado un amigo. Francisco Hugo Pizano Jiménez, quien lo había rematado como chatarra en la subasta de una compañía de seguros.
Al ser llamado a declarar, Pizano Jiménez explicó que él sencillamente sirvió de intermediario en el remate, pues Escobar Gaviria no solo le había dado el dinero para adquirirlo, sino que, además, el mismo Escobar contrató una grúa para llevarlo hasta un taller a reparar.
Al ser sometidos a careo Pablo Escobar y Pizano Jiménez, se dedujo claramente la intención de coartada del primero y la absoluta buena fe del segundo. En una revisión técnica hecha a continuación, se comprobó que el R4 rojo en que viajaba Pablo Escobar era el mismo que había sido robado al abogado García Salazar. Es decir, que la compra del vehículo rematado se hizo sólo con el objeto de obtener sus placas para colocárselas al robado.
Al propietario del taller a donde fue llevado el R-4 del remate, José Dolores Galeano Cadavid, se le vinculó también a la investigación. Pero en su indagatoria explicó que su única relación con Pablo Escobar consistía en que él le llevaba vehículos para reparación, como había sucedido con el R-4 rojo.
También fueron sometidos a careo Galeano Cadavid y Escobar Gaviria. El primero se mantuvo en lo dicho, mientras que el segundo incurrió en notorias contradicciones.
Como los dos testimonios comprometían seriamente a Escobar, éste optó por una solución que muestra su alta peligrosidad. José Dolores Galeano Cadavid, el propietario del taller, apareció muerto el 30 de mayo de 1976 por «laceración encefálica de arma de fuego», lo que, traducido al buen romance, quiere decir que le pegaron un tiro en la cabeza.
En la misma fecha, pero en un sitio distinto, se encontró el cadáver de Francisco Hugo Pizano Jiménez, el testaferro del remate. La necropsia reveló «destrucción cerebral-fractura de cráneo», o sea que fue asesinado de un golpe contundente en la cabeza.
Acababan de desaparecer los testigos de cargos contra el jalador de carros. No obstante la cantidad de pruebas en su contra, Pablo Escobar recuperó la libertad, previa consignación de una fianza de $1.500. El Juzgado 20 Penal del Circuito profirió el 25 de febrero de 1977 un auto de sobreseimiento temporal en su favor.
Pese a las características de los delitos, la investigación penal sólo comenzó seis meses después de cometidos.
Aún más: como se trataba de un mismo sindicado por dos robos diferentes (un R-4 y un R-12), que investigaban dos juzgados distintos, durante más de dos años un juez remitía al otro el proceso con la esperanza de su prescripción, la cual finalmente se logró gracias a la punible actuación de los dos jueces. Conducta que no se investigó, como tampoco se hizo con el asesinato de los testigos.
El proceso por el robo de los carros permaneció archivado por años en los anaqueles del juzgado 20 Penal del Circuito de Medellín.
Como en 1983 el equipo investigativo de El Espectador revelara los antecedentes de Escobar Gaviria en un caso de narcotráfico que se relata a continuación, el 11 de junio de 1983 cinco hombres fuertemente armados llegaron en la madrugada al Palacio Nacional, un vetusto edificio situado al sur de Medellín, donde funcionan los juzgados. Maniataron al vigilante Luis Enrique Álzate Vargas, un anciano de 56 años, se dirigieron a la oficina 114, donde se encontraban los archivos del Juzgado 20 Penal del Circuito, abrieron las gavetas de los archivadores, las rociaron con gasolina, y les prendieron fuego. Casi sobra decir que este hecho tampoco se investigó.
Pablo Escobar fue vinculado a un nuevo proceso penal dos años después del robo de carros. En junio de 1976, cuando ya era gatillero de la mafia, Escobar fue capturado en Itagüi, municipio cercano a Medellín, en compañía de su primo, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero (Piñata), James Maya Espinoza, Hernando de Jesús García Bolívar, Mario Henao Vallejo (su cuñado) y Marco Alonso Hurtado Jaramillo, En su poder se encontraron 18 bolsas de polietileno que contenían 39°kilos de cocaína de alta pureza, US$5,000 y $ 50.000, en efectivo. Y les retuvieron tres vehículos.
La historia se inició dos meses antes, cuando el director del Departamento Administrativo de Seguridad, Das, de Antioquia, Carlos Gustavo Monroy Arenas, recibió informes de que se estaba montando una gran organización de narcotraficantes en Medellín, que era controlada por Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria. Según la versión, los dos narcotraficantes recibían la cocaína en Tulcán, Ecuador, la introducían en un camión que aparentaba transportar llantas y la entregaban en Medellín a Pablo Escobar, quien se encargaba de hacerla llegar a Estados Unidos.
Monroy Arenas un veterano oficial del Ejército decidido a limpiar su jurisdicción dispuso un sencillo operativo. Envió a dos de sus agentes en un vehículo similar, que también debía partir de Pasto la capital colombiana más próxima al Ecuador — con la misión de hacerse amigos de los conductores del camión en que se transportaba la cocaína, para obtener la mayor cantidad de información posible y buscar, ante todo, que la captura no se produjera antes de que aparecieran sus jefes.
La misión se estaba cumpliendo de acuerdo a lo planeado. Los camiones viajaron encaravanados desde Cali hasta Itagüi. Allí, uno de los agentes encubiertos llamo a Monroy Arenas le advirtió sobre la pérdida del contacto, pues luego del desayuno que tomaban en ese momento, los conductores de la cocaína habían anunciado su decisión de despedirse.
Monroy Arenas envió una nueva patrulla de agentes con la consigna de dejarse sobornar, como última carta para salvar el operativo. La patrulla llegó a la cafetería de Itagüi y amenazó con detenerlos.
Los dos conductores. James Maya Espinoza y Hernando de Jesús García Bolívar, ofrecieron a la patrulla un arreglo, si los dejaban hacer una llamada. Pedían a cambio no ser detenidos, y que no les incautaran los 39 kilos de cocaína, camuflados en la llanta de repuesto del camión.
Maya Espinoza hizo varias llamadas y a los 15 minutos aparecieron Pablo Escobar, su primo Gustavo de Jesús Gaviria y dos guardaespaldas. Llevaban en su poder US$5.000 y $50.000 en efectivo, que entregaron a los agentes de seguridad como anticipo de lo que recibirían si dejaban pasar la cocaína y en libertad a los conductores.
En ese momento se presentó Monroy Arenas con más agentes del Das, y los capturaron por tráfico de cocaína e intento de soborno. Como el país se encontraba bajo estado de sitió. y el conocimiento del delito de narcotráfico había sido asignado a la justicia penal militar. Escobar Gavina, «Piñata» y los otros cuatro capturados fueron puestos a órdenes de un juez militar.
Escobar fue reseñado, detenido y remitido a la cárcel de Medellín. A los pocos días, para suerte de los narcotraficantes, fue levantado el estado de sitio y los sindicados pasaron a la justicia ordinaria.
Pero empezó un calvario para la juez, a cuyo cargo quedó la investigación, por las características violentas de Escobar. Los dos detectives que participaron en el operativo desde el principio, Gildardo Hernández Patiño y Luis Femando Vasco, fueron asesinados. La juez fue amenazada en múltiples ocasiones, e incluso su auxiliar recibió la información de que en una cafetería se estaba planeando la forma de asesinarla. Oportunamente fue descubierto otro complot para asesinar al director del Das. Monroy Arenas.
Como el tráfico de narcóticos se iniciaba en Pasto, el apoderado de Escobar Gaviria planteó una colisión de competencias para que fuera un juez de esa ciudad el que conociera del sumario, y no la juez de Itagüi, que ya había dictado auto de detención en su contra.
La colisión de competencias llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero entre tanto el proceso fue remitido a Pasto, donde el juez Francisco Guido Caicedo Jurado, les revocó la detención a Pablo Escobar y a su primo Gustavo Gaviria, y ordenó devolver los vehículos incautados durante la operación.
Cuando la Corte ordenó que la investigación prosiguiera en Medellín, ya los dos capos habían quedado en libertad, y nunca más fueron detenidos.
Escobar Gaviria, al igual que su primo, fue sobreseído temporalmente. La investigación fue reabierta. En este estado la conoció el equipo investigativo de El Espectador, cuando su director, don Guillermo Cano, curioseando en el archivo del periódico, encontró la foto de Escobar Gaviria con el respectivo «escapulario» de la reseña del Das. La información fue hecha pública a las pocas semanas de transmitido un magnífico programa de la cadena norteamericana de televisión ABC donde se revelaron los negocios de narcotráfico de Escobar, quien para entonces ostentaba el cargo de representante a la Cámara por Antioquia, como suplente de Jairo Ortega Ramírez. Los dos estaban vinculados al Movimiento de Renovación Liberal, que dirigía el precandidato presidencial, senador Alberto Santofimio Botero.
La revelación del proceso por tráfico de cocaína acabo con los argumentos de Escobar quien un día antes de que se transmitiera el programa de la ABC, en declaraciones para una cadena radial de Bogotá había anunciado una millonaria demanda contra la cadena de televisión de Estados Unidos, por vincularlo con la mafia.
Al enterarse de los hechos revelados por El Espectador — cuya edición fue comprada en los puestos de venta de Medellín a precios hasta de $1.000 –, el juez 11 Superior de la capital antioqueña, Gustavo Zuluaga Serna, dictó auto de detención contra Pablo Escobar y Gustavo Gaviria, como autores intelectuales del homicidio de los dos detectives.
Al día siguiente, cuando la esposa del juez viajaba en el vehículo familiar fue interceptada por un carro de donde se apearon cuatro sujetos armados. La encañonaron, la hicieron bajar de su R4 y echaron a rodar el vehículo por un abismo: «la próxima vez no la dejaremos bajar», le advirtieron los pistoleros.
El juez Gustavo Zuluaga fue promocionado pocos meses después al cargo de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, en un reconocimiento que le hizo la Corte Suprema de Justicia a su independencia y honestidad. El magistrado Zuluaga Serna fue acribillado a las pocas semanas, cuando se desplazaba en su carro particular.
En ese momento, Escobar Gavina era todo un personaje en Medellín. Sus campañas cívicas habían generado que se le calificara en la revista Semana como el «Robin Hood paisa» desconociendo su tenebroso prontuario.
En estas actividades cívicas. Escobar contaba con la bendición activa de dos sacerdotes, Elias Lopera Cárdenas y Hernán Cuartas, quienes pronunciaban encendidas homilías en defensa de las campañas de Escobar Gavina. Durante la época electoral, enormes vallas se colocaron en las calles de Medellín: Jairo Ortega y Pablo Escobar, Renovación Liberal. Y debajo se leían los nombres de los dos sacerdotes. Pese a que en el periódico del narcotraficante se publicaban las fotos de Lopera y Cuartas, el Arzobispo de Medellín, monseñor^ Alfonso López Trujillo, nunca se opuso a su práctica. No procedió igual, en cambio, cuando el sacerdote Sigifredo López celebró una misa el día del aniversario del cura guerrillero Camilo Torres. El claretiano fue suspendido por López Trujillo.
Vecinos de Pablo Escobar en su barrio de adolescente, La Paz, donde siempre ha vivido y de donde fue concejal, aseguran que Escobar llegó a acumular, desde 1977, una considerable fortuna, representada en casas y terrenos.
Se asegura también que en Estados Unidos es propietario de unos 200 apartamentos en Florida, una línea aérea y un hotel en Venezuela, una línea aérea en Bogotá, y del motel El Bosque (uno de los más caros esparcimientos de fin de jornada laboral en Medellín, con circuito de cine rojo, jacuzzis, saunas, unas 200 habitaciones y todo tipo de servicios adicionales).
La Hacienda Nápoles, donde funciona su zoológico particular cuya utilidad será descrita luego, llegó a tener una nómina de 843 empleados. A su amiga pública, una animadora de televisión, Virginia Vallejo, le regaló un estudio de televisión para que filmara sus programas sin necesidad de salir de casa, y una fábrica de medias femeninas.
Pese a que se presuma, no sobra aclarar que los cuatro procesos penales contra Pablo Escobar fueron archivados por prescripción.
Tomado del libro Los Jinetes de la Cocaina de Fabio Castillo – Bogotá, Noviembre 18 de 1987