En la década de 1980 la Oficina de Envigado y La terraza eran utilizadas por Escobar en labores de control, fiscalización y cobro de un porcentaje de sus ganancias a narcotraficantes, secuestradores, extorsionistas y asaltantes de bancos. La Oficina de Envigado estaba a cargo de los hermanos Moncada y Galeano, que en 1992 fueron asesinados por Escobar bajo la sospecha de robarle 20 millones de dólares. Diego Fernando Murillo, “Don Berna”, que venía de la guerrilla del EPL y era el jefe de seguridad de Fernando Galeano, formó parte de “Los Pepes”, para aniquilar al capo y sus hombres.
Tras la muerte de Escobar y con el dominio de la oficina, “Don Berna” se con-virtió en el nuevo hombre fuerte de Medellín, sirviendo de árbitro en el negocio del narco-tráfico y recibiendo el 30% de todo asalto, robo o asesinato cometido en la ciudad, que sólo se realizaban bajo su consentimiento. En el 2000 se desplazó al Valle del Sinú y se con-virtió en el comandante paramilitar “Adolfo Paz”, incluyendo a La terraza y la Oficina de Envigado en el Bloque Cacique Nutibara, con el que se desmovilizó en 2003.
En la actualidad, la Oficina de Envigado es una organización que opera con más de 360 combos y funciona como un holding que protege rutas del narcotráfico, más de 3.000 expendios de drogas que producen USD 5.3 millones mensualmente, la extorsión a tras-portadores de 4.600 buses por USD 160 mil, las máquinas tragamonedas USD 2.6 millones, pagos de seguridad, desde comerciantes ambulantes hasta grandes almacenes e incluso el manejo de desechos tóxicos. Después de la extradición de “Don Berna” en 2008, se generó una fuerte confrontación por el control de la oficina, en la que se involucran jefes paramilitares y narcotraficantes.
En el caso de La Terraza, también quedó bajo las órdenes de los Castaño y de “Don Berna” para enfrentarse a Escobar. Entre las acciones realizadas al servicio del para-militarismo se destacan el secuestro de la senadora Piedad Córdoba (1999), el ase-sinato de los investigadores del CINEP, Elsa Alvarado y Mario Calderón (1997), del periodista Jaime Garzón (1999), del profesor Hernán Henao (1999) y de los defensores de derechos humanos, Jesús María Ovalle (1998) y Eduardo Umaña Mendoza (1998).
No obstante, la relación con los paramilitares se debilitó con el asesinato, en el 2000, de varios miembros de La Terraza a manos de Carlos Castaño, acusados de ser delincuentes comunes, cuando la lucha de los paramili-tares era política y contra la subversión. En la actualidad, la banda opera con un grupo de hombres que hacen los contactos con los más de 250 combos de Medellín que cuentan, entre otros, con sicarios, apartamenteros y ladrones de carros.
En 1989 existían en Medellín 300 bandas que se redujeron a 20 en 1993, dedicándose a la delincuencia común y en algunos casos, a trabajar con el narcotráfico. Gran parte de las bandas desparecieron y otras se integraron a las milicias de las FARC y el ELN. La pre-sencia de las milicias populares en Medellín se afianzó tras la rendición de los capos del Cartel de Medellín, en 1991, actuando con cerca de 8.000 hombres que buscaban exter-minar a drogadictos, ladrones, expendedores de drogas y sicarios (Pérez, 2007: 347).
A estos últimos, distribuidos en 60 bandas y con más de 3.000 hombres, les daban primero la opor-tunidad de retirarse de la zona o dedicarse a labores que no atentaran contra la seguridad y la tranquilidad. En 1997 operaba en Medellín, el Bloque Popular Miliciano con seis organi-zaciones cercanas a las FARC y tres al ELN, dedicadas a la extorsión y el asesinato de delin-cuentes, además de 80 bandas de sicarios, ladrones de carros, secuestradores, el Frente Armado Anticomunista y los narcotraficantes.
Este era el escenario en que, tres años después, el frente José María Córdoba y los paramili-tares, en un intento de urbanizar la guerra, pretendían el reclutamiento de 8.600 sicarios, los mismos que cada 3 horas mataban a una persona en Medellín y a los que les ofrecían dinero, armas e incluso estufas de cocina. A finales de la década de 1990 “Don Berna” aniquiló a las milicias del ELN y las FARC, expulsó a Carlos Castaño de la comandancia de las AUC, por su oposición a la relación entre narcotraficantes y paramilitares, además de controlar la cárcel de Bellavista, donde se cometían hasta 50 homicidios en una semana, y que llegó a pasar dos años sin un muerto (Montoya, 2002: 150-153). Las autoridades asignaban la disminución de la mortalidad en Medellín a la acción policial y a los programas sociales y de convivencia. Algunos sumaban el control territorial de “Don Berna”, en lo que se llegó a denominar la “donbernabilidad”.
Asalariados de la muerte : sicariato y criminalidad en Colombia (Investigación)