Las oficinas y el Cartel de Cali

Por Alexander Montoya Prada
El Cartel de Cali concentró sus esfuerzos en infiltrarse en el comercio, la política y los medios, conservado un bajo perfil. El Bloque de Búsqueda, que se formó en su persecución durante 1994, tenía menos armas y más computadores para rastrear propiedades y rutas de dinero. Su estructura tenía cuatro divisiones: narcotráfico, política, militar y financiera.
La militar incluía sicarios, inteligencia, guardaespaldas y vigilancia, además de los policías y militares al servicio del Cartel, que se calculaba eran el 30% del pie de fuerza de Cali. Este carácter de empresa se afirmó con Juan Carlos Ramírez Abadía “Chupeta”, uno de los miembros de su última generación, que al ser capturado en 2007 tenía en su computador la contabilidad de rutas, embarques, caletas, sobornos, inversiones, gastos personales y pagos de sicarios, como la relación de USD 1.3 millones pagados por el homicidio de 82 personas, entre febrero de 2004 y marzo de 2006.

El Cartel del Norte del Valle se fortalece al tiempo que el de Cali se debilita, a mediados de la década de 1990, con la muerte o captura de la mayoría de sus miembros. El Norte llegó a controlar más del 50% de la producción de cocaína del país, con un promedio de 300 toneladas al año. Con el nuevo siglo se enfrentaron dos de su miembros, Diego Montoya, “Don Diego” y Wilber Varela, “Jabón”, creando respectivamente a “Los Machos” y “Los Rastrojos”, que llegaron a superar los 1.000 hombres y que produjeron al menos 2.000 muertes, entre 2003 y 2008.

Además, “Don Diego” contaba con “Los Yiyos”, que cumplían labores sicariales en Cali, y con tres grupos más distribuidos en el departamento del Valle, encargados de ejecuciones y de custodiar los cargamentos de cocaína y de insumos químicos. Al final de 2003 la Policía consideraba que 662 de los 2.111 asesinatos cometidos en Cali eran producto de este enfrentamiento. En este escenario, el diario
El País le pidió al presidente Uribe que interviniera, y el mandatario ordenó a la Policía la reactivación del Bloque de Búsqueda y solicitó a la Fiscalía el apoyo con medidas judiciales que dieran resultados, derivando en el desmantelamiento de “Los Yiyos”. Sin embargo, en el Cañón del Garrapatas, un espacio que brinda la salida de cocaína al pacífico, por el occidente del Valle, los enfrentamientos entre “Los Rastrojos” y “Los Machos” dejaban al menos 600 muertos en 2004, aunque en este proceso los primeros se autonombraron Rondas Campesinas Populares (RCP) y los segundos Autodefensas Unidas Campesinas del Valle (AUV), para no presentarse como simples bandas de sicarios.

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En Colombia los grandes Carteles tenían grupos organizados, pero dentro de las medianas y pequeñas organizaciones que surgieron después, se dio el uso de las oficinas de cobro. En 1996 en el Valle del Cauca se reconocía la existencia de oficinas de sicarios como empresas con organigramas, distribución de funciones y venta de servicios. Estas se camuflaban en salones de belleza, panaderías, compraventas, concesionarios de automóviles y almacenes de electrodomésticos. En 1999 se calculaban cerca de 50 en Cali, formadas por pistoleros que hicieron parte del Cartel de Cali y jóvenes entre los 15 y 25 años.

Utilizaban sicarios externos si el negocio era de poca monta. Los automóviles con los que realizaban los trabajos eran robados o sacados de concesionarios, donde eran devueltos tras el operativo. Sus precios oscilaban entre 1.000 y 160.000 dólares, pero se dedicaban a la extorsión a comerciantes e industriales cuando la demanda era baja. En Cali, la oficina de “Tres Puntillas” es conocida de esta forma porque dejan como arma tres puntillas clavadas en el cráneo de las víctimas, aunque también descuartizan los cadáveres, los lanzan a los ríos o los desintegran en ácido cuando es necesario. La organización fue creada por los nuevos capos del Cartel de Cali en 1999 y heredada por “Jabón”.

La banda opera en el Valle, eje cafetero y Bogotá, pero también realizan trabajos en México, Estados Unidos, España, Brasil, Venezuela, Ecuador y Panamá. La encabeza un ex-policía que tiene una red de informantes en organismos de seguridad, que les suministran información privilegiada y la garantía de que la fuerza pública esté lejos de la escena del crimen. Los sicarios tienen ingresos de hasta 2.200 dólares dependiendo de la víctima, además de salud, riesgos profesionales y viajes a centros vacacionales.

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Por Alexander Prada

Originalmente publicado en14 junio, 2020 @ 8:36 am

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