Villatina: verdad y reparación sin justicia

10 marzo, 2015 / delaurbe.udea.edu.co
El domingo 15 de noviembre de 1992, tres carros con 12 encapuchados, se detuvieron en la calle 54 con la carrera 17, una cuadra antes de la iglesia Nuestra Señora de Torcoroma, en el barrio Villatina. Asesinaron a 9 personas.

El monumento a las víctimas de la masacre de Villatina fue instalado en el Parque del Periodista. Pocos saben qué significa esta obra en ese lugar. Foto: Cortesía.

El 2 de enero de 1998, el Estado colombiano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 11 141 la participación por parte de miembros de las fuerzas policiales y militares en la masacre de Villatina, en Medellín, perpetrada el 15 de noviembre de 1992.

El caso, debido a su naturaleza, entró en la Ley 975 de Justicia y Paz, en la cual el Estado proporciona las garantías para una solución de las dos partes. La verdad y la reparación llegaron a las familias de las víctimas, sin embargo, la justicia no ha sido garantizada aún.

El domingo 15 de noviembre de 1992, tres carros con 12 personas encapuchadas, se detuvieron en la calle 54 con la carrera 17, una cuadra antes de la iglesia Nuestra Señora de Torcoroma, en el barrio Villatina. Alrededor de las 8:30 y 8:50 de la noche, sobre una esquina, seis menores de edad se encontraban departiendo después de asistir a la iglesia. Los ocupantes de los vehículos descendieron y tras acostar los jóvenes en el suelo, abrieron fuego contra estos. De igual forma dispararon contra otras tres personas más que se encontraban en los alrededores.

Marcela Londoño, habitante del sector para ese entonces, y amiga de la víctima más joven (Johana Mazo, 8 años), relata que, según los vecinos, los encapuchados después de atentar contra las seis primeras víctimas “disparaban por la cuadra al azar”, así fueron hasta la esquina siguiente, donde ingresaron a un billar en el cual abrieron fuego contra otras dos personas y finalmente, en la ráfaga de disparos murió una última víctima en una tienda ubicada al frente del billar.

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La masacre dejó nueve víctimas, seis de ellos ejecutadas en la esquina de los hechos: Ricardo Hernández, 17 años; Ángel Barón, 16 años; Marlon Álvarez, 17 años; Nelson Flórez, 17 años; Geovanni Vallejo, 15 años y Jhony Cardona, 17 años. Y tres personas más a una cuadra del primer lugar de los hechos: Johana Mazo, 8 años; Oscar Ortiz, 17 años y Mauricio Higuita, 20 años.

Ante los disparos, los habitantes del barrio solicitaron el apoyo del comando militar de la Cuarta Brigada que se ubicaban en una pequeña base arriba del barrio. Tras la llegada de la patrulla se registró un enfrentamiento de 15 minutos aproximadamente, donde tres de los encapuchados resultaron heridos, según registró el diario El Tiempo, el 17 de noviembre de 1992. A pesar de lo sucedido no hubo capturados ese día y tampoco los habría después.

Una de las víctimas, Nelson Flórez, de 17 años, logró llegar con vida a la Unidad Intermedia de Salud de Buenos Aires, como informó El Colombiano, el 17 de noviembre de 1992. Flórez contaba con un familiar vinculado a la Policía Nacional, lo cual le facilitó identificar que los encapuchados eran hombres de las fuerzas de seguridad del Estado y no simples mercenarios.

Por otro lado, relató Marcela Londoño, “existe otra versión de la identificación de los policías”, aparentemente otro de los niños que era parte del grupo, pero no se encontraba en la calle en el momento. Vio desde su casa los hechos e identificó policías entre los perpetradores.

Según cuentan testigos, se inició una persecución por parte de algunos presuntos perpetuadores de la masacre, por medio de llamadas intimidatorias al niño de 9 años que, se cree, le causó un paro cardiaco. “Lo persiguieron psicológicamente hasta que murió, él es otra víctima de la masacre”, comentó Londoño.

La responsabilidad

Así, con agentes de la Policía involucrados, el hecho pasó a ser tratado como crimen de Derechos Humanos, donde el Estado debía responder por los actos cometidos de sus funcionarios por fuera de la ley.

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El 31 de diciembre de 1992,  un grupo de hombres volvió a presentarse en el barrio ante la mirada de los habitantes que, de inmediato, solicitaron ayuda a la sede de la Cuarta Brigada. Hubo intercambio de disparos y posteriormente el grupo de encapuchados se identificó como Comando Especial por Objetivos de la Policía Metropolitana.

La aparición de estos hombres, quienes venían con intención de allanamiento, confirmó la presencia de policías en los hechos ocurridos un mes y medio atrás. Después del episodio, comenta María Victoria Fallon, abogada e investigadora, las madres y familiares de las víctimas eran llamadas al Anfiteatro Municipal en Medicina Legal, para ser interrogados por la Policía acerca de la presencia de agentes del Estado en la masacre de Villatina y que, de no colaborar, no serían indemnizados y mucho menos tendrían acceso a la verdad.

Según el informe de la (CIDH) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado resolvió como acto de reparación moral, el 29 de julio de 1998, entregar a los familiares de las víctimas un documento por parte del entonces presidente Ernesto Samper Pizano donde se reconoce la culpabilidad de las fuerzas estatales en el crimen.

En cuanto a la reparación física, el 29 de julio de 2002 se firmó un acuerdo de solución amistosa que comprendía varias formas de reparación colectiva. Un centro de salud ubicado en Villatina, una escuela, un taller de confecciones y un monumento de desagravio para preservar la memoria histórica, que se encuentra ubicado en el parque del Periodista, centro de la ciudad.

¿Y la Justicia?

Sin embargo, la justicia no ha tenido cabida en este caso. En agosto de 1997, según el documental La Verdad sea dicha, la Procuraduría General de la Nación ordenó la destitución de 3 miembros activos de la policía por su participación en la masacre, tan solo se abrió proceso penal contra uno de ellos, no por homicidio, sino por el delito de encubrimiento y en el año 2002 un juzgado penal especializado de Medellín lo absolvió del cargo.

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La situación desarrolló varias versiones, pero la que más pesa y con el precedente de fuerzas oficiales involucradas, era la de una retaliación por parte de estas contra los jóvenes de periferias, pues el narcotráfico estaba en una época álgida y la matanza de policías empezaba a emerger. Así, la disputa entre los dos bandos era tomada por “venganzas” de la policía hacia las mafias y viceversa.

“La estatua es más un requisito, la estatua debería estar en el barrio. Es más, muchas familias no han venido al periodista a verla”, comentó Londoño, quien recuerda a su amiga Johana, víctima de la masacre y, además, afirmó: “la idea es no perder la memoria en estas cosas, aunque desafortunadamente está pasando”.

Sin embargo, la politóloga reconoce la importancia de haber reconocido los hechos como crimen de Estado, pues el mismo Estado es quien acepta sus falencias frente a todos aquellos que se sienten afectados. Por otro lado considera que es imposible que se imparta justicia en este momento del proceso y después de tantos años de silencio.

Aunque menciona no haber tenido contacto con las familias de los afectados en mucho tiempo, piensa que volver a tocar el tema, tratando de buscar justicia, es algo difícil para todas estas personas que perdieron a alguien, “sería revivir muchos años de dolor”.

Actualmente el caso se encuentra en Bogotá, bajo el radicado 22 en la Fiscalía 11 especializada de Derechos Humanos, el fiscal Carlos Arturo Marín está encargado. En Medellín no se encuentran copias sobre el proceso y por ahora no hay un fallo judicial definitivo frente a este hecho, pero más relevante aún, no hay un solo capturado, ni juzgado por los actos cometidos ese domingo.
*Alumno de Periodismo III (Judicial).

Originalmente publicado en6 agosto, 2020 @ 9:33 am

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